LAS AUTORIDADES … ¿GARANTIZAN LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES?

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Llevamos muchos años diciendo que el marcaje obligatorio de todas las piezas de joyería, en España y en Europa no tiene sentido, que el propio fabricante puede certificar la calidad de los metales preciosos, pero para que no haya problemas, debe haber una supervisión seria en el mercado. Así nos ahorraremos tasas y, simplemente, si alguien no da la Ley y reitera su comportamiento, que se cierre su empresa. Pretendemos que al comercio minorista, baste con pedirle la factura de que una pieza está respaldada por un proveedor y que si el proveedor, no cumple, se le excluya del mercado pero el minorista no puede estar dentro de un objeto, podrá controlar que cumplan los requisitos, nada más.

Sin embargo, las autoridades nunca han aceptado nuestra propuesta por motivos de “seguridad, transparencia fiscal y calidad”. Por ello, el sector está sujeto a una Ley y a un Reglamento que establecen que todos los objetos de oro, plata y platino deben llevarse, previamente a su comercialización, a unos Laboratorios que controlan su “ley”.

De acuerdo. Pero esta obligación … ¿Es para todos o sólo para algunos?

Lo que no puede ser es que unos paguen tasas y otros no.

Llega entonces la Unión Europea y aprueba dos normas que son aplicables directamente en España: el Reglamento 2006/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores y el Reglamento (CE) No 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008 por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 339/93.

Parece que, entonces, sí, que Europa decide hacer algo. Pero no hace mucho nos despertamos con un reportaje de investigación que hace temblar los cimientos de la supervisión de la mercancía por parte de las autoridades.

¡Llegan unos periodistas y hacen pasar una malla de naranjas por una prótesis para medicina en un organismo habilitado para la supervisión! Estupefacción: Aprueban la prótesis y se desata un escándalo.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) trabajó en el reportaje de investigación The Implants Files durante un año en 36 países. Más de 252 periodistas y especialistas de datos, de 58 medios de comunicación -entre ellos Infobae, El Confidencial y La Sexta-, tuvieron que enfrentarse a la resistencia oficial para conseguir y analizar millones de archivos, avisos de retiro de productos y otras advertencias sobre la seguridad de los dispositivos médicos.

¿Pero cómo van a supervisar los juguetes, las joyas, el calzado, etc. si lo que afecta a la salud arroja estos catastróficos resultados?

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Si las autoridades, en lugar de resistirse a dar esa información, se hubieran puesto a hacer su trabajo, quizá no habría sido necesaria esa investigación. En 2017, los resultados de una encuesta llevada a cabo por la asociación europea Team-NB evidenciaron que solo en el 4% de las ocasiones el producto era testado por el organismo encargado de dar el visto bueno a su comercialización en la Unión Europea. En el 96% restante bastaba con la información aportada por el fabricante. Una vez realizada la investigación, los periodistas españoles comentaron su hallazgo con tres exministros de Sanidad, un exsecretario general de Sanidad y varios responsables de los servicios de salud autonómicos. Todos ellos han coincidido en que se trata de un problema a estudiar y algunos han reconocido los fallos en los sistemas de notificaciones de incidentes y de alertas sanitarias relacionadas con los productos sanitarios.

¿Un problema a estudiar? ¿Fallos? ¿Y cual era, entonces, su trabajo?

Si vamos a vivir en la selva, que nos lo digan, porque entonces se aplica la filosofía darwiniana de que el más fuerte se comerá al más débil y cada cual hará lo que pueda. Si vamos a vivir en una sociedad en la que nuestros gobernantes han decidido regular y que cobran impuestos para crear institutos, instrumentos, departamentos de vigilancia, entonces, que cumplan su función.

¡No hay excusa para la dejadez institucional! ¿Qué responsabilidad asumen? Ninguna. No puede ser.