A falta de algunos trámites jurídicos pronto veremos el nuevo Reglamento, muy diferente en cuanto a sistemática al anterior y en la línea de que todo producto de seguridad debe ser “conforme”. La Asociación sugerirá a sus asociados alguna cláusula contractual respecto a sus proveedores de seguridad, tanto de los aparatos como de la instalación a fin de evitar que tengan que pagar dos veces, una cuando el producto no cumple con la conformidad porque todavía no está en el mercado y la segunda cuando ya es conforme. En general, el Reglamento refleja soluciones a algunos problemas que hemos venido reclamando desde distintos ámbitos de afectados. En todo caso, faltarán Ordenes Ministeriales que adecúen aspectos a desarrollar.

La Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros nunca ha compartido la voluntad (antes sería política, pero en estos momentos diríamos que técnica porque es una norma hecha por técnicos y no por políticos)  de regular las medidas mínimas obligatorias. Más bien al contrario, hemos sostenido siempre que la seguridad debe ser pública y que la seguridad privada nunca debería ser obligatoria sino voluntaria y que, dentro de esa voluntariedad,  se establecieran en su caso requisitos de las medidas que se instalaran.

Un marco de seguridad pública debería defender a los ciudadanos, con riesgo o sin él, de que delincuentes detenidos varias veces circulen libremente si no han cumplido su pena, deberían evitarse los beneficios penitenciarios a las conductas delictivas reiteradas porque la buena conducta en prisión no es sinónimo de buen comportamiento fuera. Un marco de seguridad pública debería tener una coordinación perfecta entre las policías locales, autonómicas, estatal, europea e internacional. Pero eso no es así y, finalmente,  todo aquello que pagamos en impuestos, volvemos a pagarlo teniendo que protegernos de la delincuencia.

No decimos que no nos protegeremos, sino que es decisión nuestra hacerlo , elegir las medidas más oportunas y eficaces que consideremos, no con las medidas mínimas que establece el Reglamento de Seguridad Privada. No creemos que el Estado deba, a través de una norma jurídica, delegar la seguridad pública en la privada.